Avasallamientos de Tierras: INRA Remite la Responsabilidad a los Tribunales Agroambientales
El INRA señala que, una vez saneados los terrenos, cualquier conflicto sobre ellos es competencia de los tribunales agroambientales, responsables de dictar sentencia en estos casos.
El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, afirmó que cualquier disputa relacionada con terrenos ya saneados corresponde a los tribunales agroambientales, quienes tienen la responsabilidad de dictar sentencia en estos casos. Esta aclaración surge a raíz de los recientes avasallamientos que han afectado a predios productivos en el departamento de Santa Cruz.
Durante el mes de agosto, se han registrado al menos cuatro incidentes de avasallamiento en Santa Cruz, dos de los cuales involucraron violencia y uno incluso resultó en un robo. Ante esta situación, los productores cruceños han manifestado que estos asentamientos ilegales continuarán hasta que no se dicte una sentencia penal contra los responsables.
Núñez explicó que el proceso de regularización de tierras incluye no solo el saneamiento y la titulación de los predios, sino también su inscripción en Derechos Reales, lo que otorga seguridad jurídica a los propietarios. "Una vez que su predio tiene seguridad jurídica, pueden defenderse ante cualquier avasallamiento, tráfico de tierras u otra situación adversa", destacó.
El director del INRA también informó sobre los avances significativos en el proceso de saneamiento y regularización de tierras en Bolivia desde que Luis Arce asumió la presidencia. Cuando Arce llegó al poder, el 86% de las tierras a nivel nacional estaban regularizadas. Desde entonces, se ha alcanzado un 93%, lo que representa la regularización de 7,3 millones de hectáreas con seguridad jurídica en los nueve departamentos del país. En este período, se han entregado 207,593 títulos de propiedad, beneficiando principalmente a pequeños productores, comunidades y Territorios Comunitarios de Origen (TCO).
Sin embargo, Núñez reconoció que el proceso enfrenta desafíos financieros, especialmente después de la interrupción del financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), crucial para continuar con el saneamiento. El Gobierno ha solicitado un nuevo financiamiento de 40 millones de dólares para concluir los procesos pendientes, lo que permitiría completar el 7% restante del proceso de regularización en todo el país. En los departamentos de Pando, Potosí, Oruro, Cochabamba y Tarija, ya se ha concluido el saneamiento, mientras que en Santa Cruz se ha alcanzado un 95% de regularización de derechos.
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