Diego Pary renuncia a indemnización por su inhabilitación como candidato en 2020 y respalda avances normativos del TSE
El excanciller Diego Pary renunció a la indemnización otorgada por el TCP tras ser inhabilitado en 2020 y expresó respaldo a reformas del TSE.

El excanciller de Bolivia y exrepresentante ante organismos internacionales, Diego Pary, renunció voluntariamente a la indemnización económica que le fue otorgada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), luego de que fuera inhabilitado como candidato a primer senador por el departamento de Potosí en las elecciones generales de 2020.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) comunicó oficialmente este martes que Pary expresó su conformidad con los avances normativos implementados para fortalecer la democracia intercultural en Bolivia, y formalizó su decisión de no recibir “ninguna remuneración y/o reparación económica relacionada con dicha Sentencia Constitucional”.
Pary fue inhabilitado en febrero de 2020 por el TSE debido a que, al momento de su postulación, residía en la ciudad de La Paz y no acreditó residencia permanente en Potosí, requisito exigido por la normativa electoral. Ante ello, el excanciller acudió al TCP, que falló a su favor, declarando la vulneración de sus derechos políticos y estableciendo una indemnización por los perjuicios sufridos.
El TSE también reconoció de manera íntegra la sentencia constitucional que favorece a Pary y explicó que, a raíz de este caso, se han aclarado y complementado los criterios sobre la residencia permanente. Se especificó que los diplomáticos bolivianos en misión especial se consideran en residencia nacional, para efectos electorales.
Asimismo, se incorpora una disposición que otorga valor legal a las resoluciones y certificaciones emitidas por autoridades indígena originario campesina, que podrán ser utilizadas como documentos válidos en diferentes etapas del proceso electoral.
Con esta decisión, Pary cierra un capítulo de disputa jurídica y política que se originó antes de los comicios de 2020, al tiempo que valora las reformas normativas destinadas a ampliar los derechos de participación y representación en el país.
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