El Fondo Indígena en la Mira: Desvíos y Corrupción en Proyectos para Comunidades Originarias

Redacción Central, El Periódico - Agosto 26, 2024.- La promesa de progreso y desarrollo para las comunidades indígenas a través del Fondo Indígena ha sido empañada por graves acusaciones de corrupción y desvío de recursos. Fundado en 2005, este fondo fue concebido para financiar proyectos que fortalecerían las culturas y economías de los pueblos indígenas en Bolivia. Sin embargo, en la práctica, ha servido en gran medida como un instrumento de clientelismo político.

Según una investigación realizada por Verdad con Tinta y CONNECTAS, el Fondo Indígena, que manejó casi $us 1.000 millones durante las gestiones de Evo Morales y Luis Arce, ha favorecido a organizaciones y municipios alineados con el MAS, el partido oficialista, en detrimento de las comunidades indígenas a las que originalmente estaba destinado.

La situación se volvió crítica en 2015 con la revelación de un desfalco masivo de más de $us 180 millones. Este escándalo llevó a una reforma y al cambio de nombre del programa a Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), pero las denuncias de corrupción continuaron. Aunque se realizaron ajustes para enviar los recursos a proyectos productivos y no directamente a organizaciones sociales, los territorios indígenas siguieron siendo los menos beneficiados.

En 2021, un análisis del Anuario del Fondo de Desarrollo Indígena mostró que el 65% de los proyectos fueron realizados en municipios sin presencia de pueblos indígenas constituidos como tales. De los 804 proyectos aprobados, 612 fueron destinados a municipios gobernados por el MAS. En contraste, los seis gobiernos autónomos municipales indígenas originarios recibieron solo cuatro proyectos.

El uso político del fondo ha sido señalado como una de las principales críticas. Según Ruth Alipaz, representante de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), el programa no ha cumplido su propósito de beneficiar de manera autónoma a los pueblos indígenas.

La falta de transparencia y la corrupción también se reflejan en los casos judiciales relacionados. Desde la creación del Fondo, se han abierto 77 casos de corrupción, de los cuales solo 13 han resultado en condenas. Entre los beneficiados por sobreseimientos figura Julia Ramos Sánchez, exministra de Desarrollo Rural, quien fue encarcelada por enriquecimiento ilícito y luego absuelta al no continuar el gobierno como querellante.

Además, la investigación señala que muchas de las obras financiadas, como puentes y proyectos productivos, han resultado en "elefantes blancos" o han quedado en mal estado. En municipios controlados por el MAS, como Yapacaní, las comunidades indígenas han sido excluidas de los beneficios del fondo, exacerbando la percepción de corrupción y descontento.

En resumen, el Fondo Indígena, que debía ser un pilar para el desarrollo de las comunidades originarias, ha sido objeto de desvío de recursos y corrupción, reflejando un serio problema en la gestión de los recursos destinados al progreso indígena en Bolivia.