Gobernación de Tarija Propone Ajuste Salarial, la ALDT Se Opone a la Medida

La propuesta de la Gobernación de Tarija de implementar un ajuste salarial ha generado controversia en el ámbito político local. El Gobernador Oscar Montes Barzón presentó una nueva escala salarial, la cual busca ajustar los gastos del Ejecutivo Departamental ante la caída del presupuesto departamental. Entre los principales cambios propuestos, se encuentra la reducción del salario del Gobernador de 14.000 a 11.000 bolivianos mensuales, mientras que los secretarios pasarían a ganar 9.000 bolivianos. Además, se prevé la fusión de direcciones y la eliminación de ciertos puestos, lo que resultará en una reducción del personal de 600 a 500 empleados para el 2025.

Montes destacó que este ajuste no afectará a los cargos técnicos, sino solo al ejecutivo. El objetivo es mantener el Ejecutivo dentro del techo presupuestario para el año 2025. No obstante, la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) ha expresado su desacuerdo con la medida, argumentando que ya han implementado recortes importantes y que una reducción salarial no solucionará la crisis financiera del departamento.

Jorge Sanguino, asambleísta por Comunidad de Todos, propuso una solución a largo plazo que implique una reducción estructural del aparato estatal, especialmente en la cantidad de asambleístas. Sanguino consideró que la propuesta del Gobernador es válida, pero subrayó que se deben tomar decisiones más profundas, como la reducción significativa de legisladores.

En contraparte, José Yucra, asambleísta del MAS, defendió la postura de la ALDT, indicando que ya han reducido su presupuesto al máximo, eliminando viáticos, refrigerios y otras medidas de austeridad. Aseguró que la Gobernación, en cambio, sigue manteniendo gastos adicionales en áreas como combustible y seguros para vehículos. Yucra también recordó que la ALDT ha dejado de contratar personal técnico y ha adoptado otras medidas para ajustarse a la nueva realidad económica.

El futuro del ajuste salarial depende de la aprobación por parte de la ALDT, que deberá debatir la propuesta antes de que finalice la gestión 2024. Si no se aprueba, la Gobernación podría enfrentar dificultades para cumplir con el presupuesto de 2025.