Gremiales de Tarija rechazan el PGE 2025 por disposiciones "confiscatorias"

El sector gremial de Bolivia ha expresado su rechazo al Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, aprobado por decreto, que incluye una disposición adicional séptima. Esta disposición otorga a las autoridades la facultad de decomisar y confiscar productos a aquellos comerciantes que almacenen, retengan o encarezcan precios de alimentos. Las organizaciones gremiales, que ya enfrentan una situación económica complicada, ven esta medida como un ataque directo a sus derechos y una exacerbación de la difícil situación que atraviesa el país.

El Gobierno, por su parte, argumenta que esta disposición busca combatir el agio y que no debe haber temor por parte de los gremiales, dado que estos comercializan productos importados. No obstante, los gremiales temen que la medida sea aplicada con fines represivos y con la posibilidad de que se criminalice su actividad comercial.

El dirigente gremial Toño Siñani, de la Central de Trabajadores de Bolivia (CTB), anunció movilizaciones a partir del 13 de enero, en las que se espera que también participen sectores como transportistas, panificadores y jubilados. Los reclamos no solo están centrados en la confiscación de productos, sino también en la creciente inflación, el encarecimiento de la canasta familiar, la escasez de dólares y carburantes, que agravan aún más la crisis económica.

En Tarija, el dirigente de la Federación de Trabajadores Gremiales, Juan Carlos Vargas, mencionó que el sector gremial está esperando un ampliado nacional que se llevará a cabo el 15 de enero en Santa Cruz, donde se evaluarán las medidas a tomar. En ese contexto, Vargas reiteró que no se puede permitir que se atente contra los derechos de los comerciantes, especialmente cuando se ha visto que la economía está atravesando una etapa difícil.

El apoyo a la medida, en cambio, proviene de la Central Obrera Departamental (COD) de Tarija, liderada por Roberto León, quien aseguró que esta disposición permitirá realizar un mejor control de los productos y evitar los sobreprecios, señalando que las instituciones competentes ahora tienen las herramientas necesarias para hacer cumplir la normativa.

Sin embargo, las organizaciones gremiales aseguran que no se trata de un reclamo con fines políticos, sino más bien una manifestación legítima por las difíciles condiciones económicas que enfrentan los comerciantes en el país.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, explicó que la disposición séptima no afecta a los gremiales, ya que estos no comercializan productos contrabandeados, sino que trabajan con productos importados. Aseguró que las mesas de trabajo que se llevarán a cabo ayudarán a esclarecer cualquier duda y aclarar que la medida no está dirigida a perjudicar al sector gremial.

El rechazo de los gremiales también se extiende a la caída de las ventas durante las festividades de fin de año en Tarija, lo que ha generado gran preocupación en el sector. La falta de dólares y la escasez de combustible han empeorado la situación, lo que se traduce en un menor movimiento económico.