Soboce advierte posible cierre de la planta El Puente tras fallo judicial millonario
Soboce enfrenta una sentencia por Bs 744 millones en favor de Fancesa, lo que podría llevar al cierre de la planta El Puente y afectar miles de empleos

La Fábrica de Cemento El Puente, propiedad de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), enfrenta una amenaza de cierre tras una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que la obliga a pagar más de Bs 744 millones (equivalentes a unos USD 100 millones) a la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa), por presunta competencia desleal.
Contexto judicial
El conflicto se remonta a 2010, cuando Soboce —entonces accionista de Fancesa— utilizó sus acciones como garantía para un crédito que financió la ampliación de su planta en Viacha. En 2011, Fancesa demandó alegando competencia desleal. El TSJ ratificó la sentencia en febrero de 2025.
Postura de Soboce y sector empresarial
Soboce calificó la sentencia como "arbitraria e ilegal", ya que, según la empresa, se basa en la figura del "daño al proyecto de vida", una noción legal reservada para casos de lesa humanidad. Además, advirtió que esta decisión afecta indirectamente a más de 200.000 familias dependientes de su cadena productiva.
La cementera anunció que interpondrá un amparo constitucional y que, si es necesario, acudirá a instancias internacionales para defender sus derechos y cuestionar la falta de debido proceso.
Impacto económico y social
La ejecución del fallo podría llevar al cierre de la planta El Puente, con consecuencias para el empleo directo e indirecto en sectores como el transporte, la minería y los servicios regionales. La Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM) expresó preocupación por el precedente legal y las implicaciones para la seguridad jurídica del país.
Perspectivas
El caso ha desatado un debate nacional sobre la independencia judicial y la seguridad jurídica, factores clave para atraer inversión y fomentar el desarrollo. La resolución dependerá de los recursos legales que Soboce active y de la respuesta institucional ante el reclamo empresarial.
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