Contrabando de Garrafas de Gas a Brasil Genera Preocupación por Escasos Controles Fronterizos
Las garrafas de GLP bolivianas, reguladas a Bs 22,50, se venden en Brasil a Bs 278, generando ganancias de más de 12 veces su precio original debido al contrabando.

El contrabando de gas licuado del petróleo (GLP) desde Bolivia hacia Brasil ha despertado preocupación en las localidades fronterizas de Puerto Quijarro, Puerto Suárez y Arroyo Concepción. Las garrafas, que en territorio boliviano tienen un precio regulado de Bs 22,50, son vendidas en Brasil por aproximadamente Bs 278 (140 reales), representando un incremento de más de 12 veces su valor original.
El equipo de UNITEL constató que, en las zonas fronterizas bolivianas, el precio de las garrafas puede llegar a oscilar entre Bs 35 y Bs 50, lo que facilita el accionar de los contrabandistas, quienes obtienen ganancias significativas al llevar el producto a Brasil.
Un vecino de la zona, que prefirió mantener su anonimato, relató que vehículos con placas brasileñas ingresan a Bolivia para cargar entre tres y cuatro garrafas, aprovechando los bajos precios locales. "En Bolivia está Bs 35, a veces Bs 40. Es harta la diferencia", afirmó.
Este fenómeno preocupa a los habitantes de las regiones fronterizas, quienes han denunciado que los camiones bolivianos encargados de abastecer GLP no llegan a las oficinas oficiales, sino que comercializan las garrafas directamente en las calles.
Durante el recorrido por las localidades afectadas, no se observaron controles significativos por parte de autoridades policiales o militares, pese a los anuncios del Gobierno sobre el refuerzo de la seguridad fronteriza para combatir el denominado contrabando a la inversa.
La distribuidora brasileña Copagaz confirmó que el precio del GLP en Brasil se mantiene en 140 reales por unidad, lo que aumenta la tentación de los contrabandistas y genera escasez para los residentes bolivianos de la frontera.
La falta de controles adecuados pone en riesgo el abastecimiento de gas en las regiones fronterizas, afectando a las familias locales y fomentando un mercado ilegal que continúa creciendo.
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