PGE 2025: Viceministro Aclara que el Ejecutivo No Puede Eliminar la Disposición Sobre Decomiso de Productos

La disposición adicional séptima incluida en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 ha generado preocupación entre diferentes sectores sociales y empresariales, quienes han solicitado al Gobierno la eliminación de esta medida. Sin embargo, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, aclaró que esta tarea no recae en el Ejecutivo, sino en el Legislativo.

“No se puede atender el pedido de anular, derogar, eliminar o de modificar, porque esa no es una competencia del Ejecutivo, esa es una competencia del Legislativo”, señaló Silva. Asimismo, enfatizó que el presidente Luis Arce carece de atribuciones para derogar o eliminar una ley, ya que estas decisiones corresponden exclusivamente a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Silva también explicó que la disposición no entrará en vigencia mientras no se apruebe su reglamentación, para lo cual pidió a los sectores interesados participar en las reuniones destinadas a consensuar los detalles de su aplicación. “En tanto no tengamos la reglamentación, esta disposición está en pausa, y la reglamentación tiene que estar consensuada con todos los actores interesados en el tema”, añadió.

El jueves, representantes del Gobierno y sectores sociales convocaron a una reunión para abordar esta problemática. Sin embargo, la ausencia del ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y de la ASFI llevó a que el encuentro fuera postergado hasta el 23 de enero, según informó Luis Paco, dirigente de los gremiales de El Alto.

La disposición adicional séptima del PGE 2025 establece que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes a activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos a los actores de comercialización de alimentos que almacenen, retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

Mientras tanto, los sectores sociales esperan que la reglamentación sea el resultado de un diálogo transparente que garantice el respeto a sus derechos y la sostenibilidad del comercio en Bolivia.