El ministro Flores asegura que el gobierno investiga el caso Kailasa y no avalará contratos ocultos
El ministro Flores asegura que el gobierno investiga el caso Kailasa y no avalará contratos ocultos

El caso de la nación ficticia de Kailasa sigue generando controversia en Bolivia. El ministro de Desarrollo Rural, Yamil Flores, informó que no se ha presentado una denuncia formal contra los representantes de Kailasa, pero que el gobierno investiga el caso de oficio. La acusación en cuestión involucra presuntos delitos de apropiación de tierras indígenas en Bolivia mediante contratos ilegales firmados con comunidades en Beni y Pando.
Flores explicó en una entrevista con el canal estatal que la Constitución Política del Estado es clara: la propiedad indígena está protegida y los extranjeros no pueden adquirir tierras en Bolivia. En este sentido, el ministro dejó en claro que el gobierno no avalará ni ha avalado contratos ocultos, como los presuntamente realizados con representantes de Kailasa.
“Este tipo de contratos y convenios son nulos de pleno derecho”, aseguró Flores, quien también indicó que se ha instruido al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para que se adhiera como tercer interesado en el proceso y trabaje en la investigación y sanción de estos actos.
Aunque no se ha presentado una denuncia formal, el ministro afirmó que tanto el Ministerio de Gobierno como la Fiscalía y el INRA están al tanto de la situación y están tomando medidas para sancionar cualquier delito relacionado con la apropiación ilegal de tierras indígenas. Además, Flores reveló que Migración tiene información sobre que los ciudadanos de Kailasa no han cumplido con los requisitos necesarios para su estadía en el país, lo que podría llevar a su deportación.
Kailasa, liderada por el gurú hindú Nithyananda Paramashivam, se autoproclama como un país independiente con una bandera, constitución y pasaporte, pero no tiene reconocimiento internacional. En Bolivia, representantes de Kailasa firmaron acuerdos con autoridades de comunidades indígenas en Beni y Pando, ofreciendo pagos anuales a cambio de arrendamientos perpetuos de tierras y cesión de soberanía sobre las mismas.
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