El Senado paralizado: duermen dos proyectos que buscan proteger el proceso electoral de fallos judiciales

La senadora Daly Santamaría, de Comunidad Ciudadana (CC), alertó sobre la preocupante paralización en el Senado de dos proyectos de ley que tienen como objetivo proteger la independencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ante posibles fallos judiciales que podrían poner en riesgo los comicios generales programados para el 17 de agosto.

Los proyectos buscan reforzar el principio de preclusión en materia electoral, lo que significa que, una vez cumplidas las etapas del calendario electoral, estas no puedan ser suspendidas por resoluciones judiciales. Pese a su importancia, ambas propuestas están estancadas: una fue presentada por la senadora Silvia Salame y sigue sin avanzar en la Comisión de Constitución; la otra, ya aprobada por la Cámara de Diputados, fue devuelta a comisión a pedido del senador Miguel Flores, frenando su tratamiento en el pleno del Senado.

“La propuesta de Diputados tiene apenas tres artículos y una disposición única. Es importante porque establece que ninguna resolución judicial puede suspender un proceso electoral. Esto refuerza lo que ya dice la Ley 026, que lamentablemente no se respetó en elecciones anteriores”, explicó Santamaría.

La senadora remarcó que, aunque la ley ya contempla la preclusión, hace falta reforzar el marco normativo para evitar una nueva intromisión de la justicia ordinaria en las decisiones del TSE. También criticó la falta de coordinación y voluntad política en la Cámara Alta. “No hay claridad en la Comisión sobre qué modificaciones se quieren hacer. Ni siquiera pudieron explicarlo en sesión”, denunció.

Asimismo, Santamaría advirtió que las divisiones internas en el Movimiento Al Socialismo (MAS) podrían estar influyendo en esta dilación. “Evo Morales no tiene una sigla clara, Andrónico Rodríguez está atrapado en procesos judiciales, y a muchos no les conviene que se apruebe una ley que despeje el camino electoral”, señaló.

La preocupación se acentúa ante el creciente número de demandas judiciales interpuestas tras el cierre del plazo para la inscripción de candidatos. Hasta el momento, se han presentado denuncias, amparos y acciones constitucionales que buscan cancelar la personería jurídica de al menos nueve partidos políticos, argumentando su incumplimiento de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas.

Los únicos partidos que no enfrentan demandas son el Movimiento Al Socialismo (MAS), el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) y Nueva Generación Patriótica (NGP). Desde el TSE se ha advertido que este panorama judicial pone en riesgo la realización de las elecciones.