Gobierno intensificará controles en mercados por alta ganancia en la venta de carne de res

El Gobierno nacional anunció este jueves que se intensificarán los controles en los mercados del país, luego de detectar que los vendedores al detalle obtienen una excesiva ganancia de Bs 12 por kilo de carne de res, afectando el bolsillo de los consumidores.

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, denunció que la diferencia de precios entre la compra en gancho y la venta en mercados es injustificada. “Con solamente comprar en gancho a 34 bolivianos y llevar la carne hacia el mercado, o en este caso hacia los puestos donde venden, están ganando 12 bolivianos por kilo. Es totalmente injusto”, afirmó la autoridad.

Ante esta situación, el ministro hizo un llamado a los comerciantes a actuar con conciencia y establecer un precio justo para las familias bolivianas. “No puede ser que el pueblo esté pagando más de lo que es justo solamente por llevar del frigorífico hasta el lugar de comercialización, en este caso los mercados. Es una exageración, vamos a hacer los controles”, agregó.

Alza injustificada de precios

Según Flores, esta situación es la causa principal del alto costo de la carne de res en los mercados, ya que, aunque el precio del kilo en gancho ha bajado hasta Bs 34,50, en los puestos de venta se sigue ofreciendo a precios elevados. “Nosotros, como Gobierno, haciendo el trabajo para que baje (el kilo en gancho) hasta 34 bolivianos y en el mercado las amas de casa están comprando hasta en 46 bolivianos. Eso no es justo”, reprochó.

El lunes, el viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, informó que el trabajo conjunto entre el Gobierno y el sector ganadero permitió reducir el precio del kilo gancho de 40 bolivianos a 34,50 en el mercado nacional.

Impacto en los precios finales

Con esta reducción, el costo del kilo de carne molida de segunda debería ser de Bs 42 o Bs 43, considerando que anteriormente se vendía entre Bs 48 y Bs 50.

El Gobierno ratificó que se mantendrá vigilante para evitar abusos y garantizar que el beneficio de la reducción de precios llegue directamente a los consumidores.