Magistrados ‘autoprorrogados’ del TCP se blindan nuevamente con fallo constitucional

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la Declaración Constitucional 002/2025 en febrero de este año, ratificando su decisión de impedir la remoción de los magistrados ‘autoprorrogados’ hasta que nuevas autoridades sean posesionadas.

La resolución responde a una queja presentada por el exmagistrado Ricardo Torres, quien denunció que no se estaba cumpliendo la Declaración Constitucional 0049/2023, la cual establecía que los magistrados solo podrían ser removidos cuando haya nuevas autoridades electas.

En esta nueva decisión, el TCP también declaró inconstitucional la Ley de Conformación y Funcionamiento del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo de Justicia, aprobada en enero por el Senado, que buscaba establecer un marco para la transición judicial. Además, exhortó a la Asamblea Legislativa a no insistir en medidas similares.

Los magistrados electos en los comicios judiciales de diciembre no participaron en la emisión de este fallo, lo que ha generado críticas por la falta de renovación en la cúpula del TCP.

Los magistrados que permanecen en sus cargos son: Gonzalo Hurtado (Beni), Yván Espada (Pando), Karem Gallardo (Cochabamba), Isidora Jiménez (Santa Cruz) y Julia Elizabeth Cornejo (Tarija). En sus departamentos no hubo votación para renovar cargos debido a fallos previos emitidos por el mismo TCP.

Desde enero de 2024, los magistrados autoprorrogados han utilizado varias declaraciones constitucionales para extender su permanencia en el poder. La más reciente es el Auto Constitucional 113/2024, que les permite continuar hasta que se preseleccione y posesione a nuevas autoridades.

Este nuevo ‘blindaje’ refuerza el control de los magistrados autoprorrogados en el TCP, generando debate en el ámbito político y jurídico sobre la independencia judicial y la necesidad de renovar el sistema de justicia en Bolivia.