Redistribución de recursos en Bolivia sigue una ley obsoleta, advierte constitucionalista
Abel Guzmán critica la redistribución de recursos basada en una ley abrogada y exige que se respeten los principios de equidad establecidos en la Constitución.
El debate sobre la redistribución de recursos en Bolivia se ha intensificado tras la solicitud del Gobierno Nacional de ajustar los Planes Operativos Anuales (POA) según los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2024. Abel Guzmán, abogado constitucionalista y exasambleísta departamental, advierte que este proceso se está realizando bajo criterios obsoletos, violando la Constitución Política del Estado (CPE).
Guzmán subraya que la redistribución de recursos debería basarse en principios de equidad, establecidos en la CPE y la Ley Marco de Autonomías, que incluyen factores como las necesidades de la población, las competencias asignadas a los gobiernos y su capacidad de recaudación. Sin embargo, el Gobierno central continúa utilizando la Ley 1551 de Participación Popular de 1994, la cual fue derogada y reemplazada por un marco legal que prioriza una distribución más justa de los recursos.
Este sistema antiguo, que se basa en una redistribución per cápita, beneficia a departamentos con mayor población, como Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, en detrimento de regiones como Tarija, que, a pesar de tener menos habitantes, enfrentan mayores desafíos en términos de desarrollo y desigualdad. Guzmán hace un llamado a las autoridades locales a exigir un reparto de recursos que respete la Constitución y las realidades actuales de Bolivia, destacando que la redistribución debe considerar las necesidades de desarrollo y la erradicación de la pobreza.
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